SEGUIMOS ESPERANDO....
Recordaran que hace tiempo (mas o menos por las fechas de la ultima campaña electoral) y a raíz de la explosión del denominado "caso Malaya"se produjo lo que parecía la mayor de las movilizaciones nunca vistas en el territorio patrio para luchar contra la "corrupción urbanística" que atenazaba nuestras Corporaciones Locales.
Igualmente recordaran, sobre todo los residentes en las islas Canarias, las detenciones, noticias en prensa, apertura de sumarios, denuncias de todo tipo, que proliferaban en los medios de comunicación con ocasión de esta eclosión de repentina investigación anticorrupción.
Pues bien, parece en el momento actual que todos esos procedimientos abiertos duermen el sueño de los justos y que el común de los mortales nos hemos olvidado de lo fundamental (a mi juicio) en estos supuestos: La mayoría de estas denuncias no se promovieron de oficio, fueron interpuestas por particulares que, hartos de una situación insostenible en sus vidas y/o negocios, no vieron otra salida que iniciar acciones penales contra estos "servidores publicos". Parece por tanto que la sociedad, los Tribunales y todos los particulares de a pie se han olvidado de la suerte que han podido correr estas personas anónima que ejercieron el derecho constitucional de acceso a la Justicia acuciados por situaciones de ilegalidad flagrante y manifiesta.
Este comentario viene al hilo de los retrasos de tramitación en estos procedimientos, al menos en Canarias, donde, lo que se aprecia a simple vista es que, se denuncian hechos gravísimos hace años (en algunos de los casos) y que, durante este periodo los presuntos responsables se encuentran en su mayoría en los mismos cargos que se encontraban en el momento de ser denunciados, actuando en muchos supuestos de la misma manera que lo hacían en aquel entonces. La sensación de indefensión al particular es evidente, y la insatisfaccción que últimamente se predica en relación a la función de la Justicia, es palmaria.
Careciendo de medios o contando con ellos, en estos casos, por lo menos hasta ahora, la Administración de Justicia no ha dado la debida respuesta a las expectativas de aquellos que denunciaron, pelearon y padecieron determinadas actitudes que vulneraron los mas básicos de sus derechos.
Igualmente recordaran, sobre todo los residentes en las islas Canarias, las detenciones, noticias en prensa, apertura de sumarios, denuncias de todo tipo, que proliferaban en los medios de comunicación con ocasión de esta eclosión de repentina investigación anticorrupción.
Pues bien, parece en el momento actual que todos esos procedimientos abiertos duermen el sueño de los justos y que el común de los mortales nos hemos olvidado de lo fundamental (a mi juicio) en estos supuestos: La mayoría de estas denuncias no se promovieron de oficio, fueron interpuestas por particulares que, hartos de una situación insostenible en sus vidas y/o negocios, no vieron otra salida que iniciar acciones penales contra estos "servidores publicos". Parece por tanto que la sociedad, los Tribunales y todos los particulares de a pie se han olvidado de la suerte que han podido correr estas personas anónima que ejercieron el derecho constitucional de acceso a la Justicia acuciados por situaciones de ilegalidad flagrante y manifiesta.
Este comentario viene al hilo de los retrasos de tramitación en estos procedimientos, al menos en Canarias, donde, lo que se aprecia a simple vista es que, se denuncian hechos gravísimos hace años (en algunos de los casos) y que, durante este periodo los presuntos responsables se encuentran en su mayoría en los mismos cargos que se encontraban en el momento de ser denunciados, actuando en muchos supuestos de la misma manera que lo hacían en aquel entonces. La sensación de indefensión al particular es evidente, y la insatisfaccción que últimamente se predica en relación a la función de la Justicia, es palmaria.
Careciendo de medios o contando con ellos, en estos casos, por lo menos hasta ahora, la Administración de Justicia no ha dado la debida respuesta a las expectativas de aquellos que denunciaron, pelearon y padecieron determinadas actitudes que vulneraron los mas básicos de sus derechos.
